¿Cómo puede diferenciarse la Actividad Financiera de la Actividad Económica y que tipo de derecho tutela a cada Actividad?

    Debemos saber que nos referimos a actividad económica a cualquier actividad cuyo objetivo sea cubrir una necesidad o deseo. Independientemente de que sea produciendo, intermediando o vendiendo algún bien o servicio. Un ejemplo de actividad económica sería, alquilar un piso que tenemos en propiedad, ya que estamos ofreciendo/vendiendo un servicio al inquilino.

 

Otro ejemplo de esto es también, cuando creamos una empresa para vender verduras o zapatos, las personas o entes que participan de la actividad económica se denominan agente económico, que suele estar presente en casi todos los aspectos de la sociedad.

 

También es necesario que sepamos que  la actividad financiera representa aquel conjunto de operaciones que se ejecutan en el mercado de proponentes y demandantes de recursos financieros, el objetivo de la actividad financiera es regularizar los fondos de los ahorrantes hacia los inversionistas. Nace de la existencia compatible de empleados económicos con Superávit en sus presupuestos y de agentes económicos con déficit en sus presupuestos.

 

De igual manera, queda comprendido que el estado debe gestionar a la capacidad de cambiar estos ingresos en gastos es lo que se conoce como actividad financiera. Dejando por explicado  que la actividad financiera forma parte de la acción del Estado y demás entidades públicas que se manda a adquirir los ingresos para poder hacer los gastos que valen al mantenimiento de los servicios público, entendido en su más extenso sentido.

 

En cambio a referirnos q a quien tutela a las actividades podemos concretar que el derecho penal económico tutela al sistema financiero nacional ya que este establece un conjunto de normas de carácter mercantil, civil, administrativo y penal para proteger y regular la economía en las cuales participa el estado. En la publicación Derecho Penal Económico Venezolano según las Bases Constitucionales, con  autoría de Carlos Simón Bello, se considera que la meta de esta especialidad es «definir y sancionar comportamientos económicos injustos, es decir, aquellos que lesionen o pongan en peligro, por medios intolerables, bienes jurídico- económicos, especialmente importantes para el individuo, la sociedad y sus instituciones, frente a los cuales no existan otros medios razonables de defensa y resguardo».